Este lunes se llevó a cabo la audiencia de formalización de la desaforada diputada Catalina Pérez, exmilitante del Frente Amplio que actualmente se encuentra imputada por tres delitos de fraude al fisco en el marco del caso Democracia Viva. Uno de los episodios más complejos para el partido del Presidente Gabriel Boric y que generó varios coletazos en el mundo político.
Y aunque tanto la parte querellante como la Fiscalía solicitaron la prisión preventiva, la definición judicial fue aplicar la medida cautelar de arresto domiciliario total para Pérez. Definición que, sin embargo, igualmente dejó conforme a Pablo Toloza, abogado y exconstituyente de la UDI que figura como uno de los querellantes de la causa.
“Ayer, el tribunal determinó que la diputada Catalina Pérez quedara con arresto domiciliario total. Sin perjuicio, el propio tribunal hace referencia a que, efectivamente, ella sería un peligro para la sociedad y que además había antecedentes para pensar que podía estar en riesgo la investigación con el hecho de que permaneciera sin una medida cautelar intensiva“, expresó Toloza.
Lo anterior, en una acción que igualmente responde a un principio de proporcionalidad respecto a lo que fueron las medidas cautelares aplicadas a los otros imputados en la causa. “Los otros dos coimputados, Daniel Andrade y Paz Fuica, estaban actualmente con arresto domiciliario total, y Carlos Contreras, respecto a esta causa, también estuvo con arresto domiciliario, entendiendo que su actual prisión preventiva es porque posteriormente se le formalizó por ocho delitos más de reiterado fraude al fisco. Es por eso que la juez entendió que, por una medida de equidad, la diputada Pérez tenía que permanecer con arresto domiciliario total y no con prisión preventiva, como había sido solicitado por el Ministerio Público y por nosotros también”, señaló el abogado.
Sin embargo, en el entendido de que todos los otros involucrados en la causa pasaron en algún momento por la máxima medida cautelar, Toloza afirmó que “si Catalina Pérez hubiese sido formalizada en el mismo momento que los otros coimputados, habría terminado en prisión preventiva“.
“Estamos conformes porque el Tribunal de Garantía, respecto al caso de Pérez, entiende que, a este momento procesal de la causa, se encuentra acreditada la existencia de tres delitos reiterados de fraude al fisco“, reiteró el querellante. Además, expresó que esta definición también permite intuir que “la participación de la diputada en estos ilícitos está acreditada. Ya tendrá que verse si es que para el Consejo de Defensa del Estado estamos hablando de un cómplice. Para la Fiscalía y nosotros es en calidad de autor. Y podría eventualmente también ser un encubridor. Pero desde nuestro punto de vista está acreditada su participación en estos delitos”.
La desaforada diputada Catalina Pérez, en la audiencia de formalización en el marco de la investigación por el caso de Democracia Viva. Alonso Salvo/Aton Chile
“Lo que quedaba era, precisamente, determinar cuál era la medida cautelar necesaria para resguardar la investigación. Y creo que el razonamiento que hizo la juez es bien importante desde un punto de vista académico, y es que en materia penal y en derecho están las pruebas indiciarias. Es decir, que de un indicio uno puede sacar una conclusión”, sumó el abogado sobre los argumentos que sostienen esta causa.
Lo anterior, considerando particularmente el contexto en que son eliminados ciertos chats del teléfono de la exfrenteamplista: “Si a esa parte que está borrada le haces una especie de línea de suma y dices, oye, esto está borrado, le sumas el hecho de que lo que no está borrado y que es posterior son conversaciones tendientes a ocultar la situación, con mensajes como ‘échense la culpa entre ustedes’”, argumentó Tolosa.
“Hay una conversación entre ellos, de antes de que este caso saliera a la luz, donde coordinan en un WhatsApp lo que va a ocurrir posteriormente. Ella dice ‘yo le voy a echar la culpa a ustedes. Y si les parece, voy a pedir a Contraloría que se pronuncie’. Y es exactamente lo que ocurrió semanas después. Obviamente que hay una concertación ahí”, añadió.
Caso ProCultura
El militante de la UDI es también querellante en el caso ProCultura, el que recientemente llegó hasta el Presidente de la República Gabriel Boric, pues según revelaron escuchas telefónicas realizadas por la Fiscalía -posteriormente filtradas a la prensa- Alberto Larraín, fundador de dicha fundación, habría gastado dinero de la organización en la campaña presidencial del Mandatario.
Alberto Larraín, exdirector ejecutivo de la Fundación ProCultura. Foto: Aton.
En específico, respecto a la conversación entre el Jefe de Estado y la expareja de Larraín, Josefina Huneeus, dijo: “La conversación, si uno la analiza desde el punto de vista penal, la verdad que no tiene mucha relevancia”.
Asimismo, afirmó que el eventual financiamiento ilegal de la campaña de Boric es materia de investigación. “Creo que se le agregó a esta trama de ProCultura el tema del financiamiento ilegal de la política. Creo que sí hay. Hay pruebas concretas”, señaló y expuso el caso de la compra de una casa en Limache por parte de Larraín que funcionó como sede de la cuestionada fundación y que está hoy bajo el ojo del Ministerio Público.
No obstante Toloza, reiteró que las llamadas grabadas que recopiló Fiscalía abrieron líneas investigativas que si bien apuntan a la campaña del otrora candidato presidencial, “nadie puede hacer aseveraciones al respecto”.
En tanto, el querellante en el caso subrayó que: “En esta causa se va a formalizar. Ahora, las pregunta son, ¿cuándo, cuántas personas y a quiénes? (…) Tampoco me extrañaría que se terminara formalizando algún gobernador regional“.
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