Como una “mera, una trampa y un verdadero engaño”. Con esas palabras, el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, y el diputado Cristhian Moreira, se refirieron a los test de drogas que el Gobierno deberá aplicar -por obligación- al Presidente Gabriel Boric y a sus 25 ministros y 41 subsecretarios, luego que en la Ley de Presupuesto de 2025 se aprobara una indicación que exige a las autoridades mencionadas realizarse un examen semestral durante el transcurso de este año. Al respecto, cabe recordar que durante la mañana de ayer los parlamentarios acusaron al Ejecutivo
de no estar cumpliendo con la obligación legal, considerando que el 30 de junio vence el plazo para
que las 67 autoridades se realicen el primer test, sin que a la fecha se conozca si alguno ya lo hizo.
En esa línea, el cuestionamiento público que hicieron los diputados Coloma y Moreira tuvo eco en La Moneda, puesto que este martes el Ministerio del Interior informó que el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) se haría cargo de todo el proceso, publicando -durante la misma tarde de ayer- las bases de licitación para contratar al laboratorio u organismo que se encargará de realizar los exámenes a las autoridades del Ejecutivo.
Sin embargo, tras revisar las 51 páginas de la licitación que publicó el Senda, los integrantes de la
Bancada UDI denunciaron una serie de requisitos y exigencias que podrían atentar contra el objetivo principal de la norma, que es detectar a las posibles autoridades que sean consumidoras. Lo anterior, puesto que el Gobierno no sólo estableció que los resultados sean confidenciales y no públicos, atentando contra la transparencia del proceso, sino que además dispuso que el examen sea de orina, que en promedio mide un consumo de hace tres días, y no de pelo, que logra detectar hasta un año. “Los exámenes de drogas que el Gobierno está obligado a realizar a sus autoridades están pronto a convertirse en una verdadera, en una trampa y un engaño. Porque mientras en el Congreso los resultados de los test que nos debemos aplicar los parlamentarios son públicos, los exámenes que se deberá hacer el Presidente de la República, sus ministros y subsecretarios serán privados. Y porque mientras en la Cámara de Diputados el examen a realizarse es de pelo, porque eso permite medir un consumo de hasta un año, el Ejecutivo decidió que para ellos será de orina, que en
promedio sólo detecta tres días hacia atrás. Esto es una burla hacia los chilenos, porque lo mínimo
es que los controles midan un consumo permanente y no reciente, y que los resultados sean públicos
y transparentes, no confidenciales como lo pretende este gobierno”, criticaron los legisladores UDI. Pero además, los diputados Coloma y Moreira también cuestionaron cómo será el procedimiento
para la toma de muestra, considerando que las mismas bases establecen que el Senda “entregará el
listado de contrapartes con que se coordinará la toma de muestras de las autoridades que se
someterán al procedimiento”, precisando que se “deberá tomar contacto con cada autoridad para
la breve coordinación”, insistiendo así que “el adjudicatario deberá sostener una reunión con Senda para los efectos de coordinar los procedimientos y contacto con los funcionarios sujetos a control”. A juicio de los parlamentarios gremialistas, lo anterior rompe con el carácter de “aleatorio” y “sorpresivo” que debería tener el proceso, tal como se realiza en la Cámara de Diputados. Por lo mismo, advireron que “si hay ministros, subsecretarios o, incluso, el Presidente de la República que
consuma alguna sustancia, van a ser avisados con anticipación de la toma de muestra y bastará con que dejen de consumir para que el resultado, además de ser secreto, sea negativo, lo que es insólito”.
Por lo mismo, Coloma y Moreira emplazaron al Gobierno a “corregir inmediatamente” las bases de
la licitación, asegurando que “en cualquier lugar del mundo los exámenes de drogas son aleatorios
y sorpresivos, más aún cuando son de orina, pero aquí se pretende avisar a las autoridades con
antelación y ocultar sus resultados, lo que es -literalmente- una cachetada de payaso y una burla”.
“Si el Ejecuvo no corrige inmediatamente las bases de esta licitación, vamos a presentar todas las reformas constitucionales que sean necesarias para establecer el cese del cargo de los ministros o
subsecretarios que sean consumidores, y para que quede de manifiesto la gravedad de que el
Presidente de la República no se realice un examen de drogas con las condiciones mínimas de
imparcialidad, rigurosidad y transparencia que exigen los chilenos”, concluyeron los parlamentarios.